Desde diciembre de 2023, cuando se conformó el Gobierno de Javier Milei, hasta octubre de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad “se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito” para “una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales […] como por actores particulares”. Su objetivo era “generar recíprocamente millonarias ganancias”, a costa de los fondos públicos que debían garantizar el derecho a la salud y el bienestar a personas con discapacidades. Las maniobras consistían en “la adjudicación indebida de contrataciones públicas” para la compra de medicamentos e insumos, el pago de sobreprecios y, como contraparte, de sobornos. A esas conclusiones llegó la justicia argentina este lunes, al procesar a 19 personas, encabezadas por el exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, quien fue, hasta el estallido del escándalo, amigo y abogado personal de Milei.

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